INCLUSIÓN LABORAL PARA LIBERADOS, SALVO ALGUNOS

El lunes 10 de noviembre, una noticia-escándalo -el formato diario en que se produce un hecho, se lo presenta en el marco de declamaciones indignadas, y si es posible, se machaca contra el gobierno- recorrió medios online, radios y canales de televisión. El modo en que se presentó puede resumirse en estos textos: 

http://www.clarin.com/politica/Vinculos-concejal-asesinos-Cabezas_0_1244875706.html

http://www.infobae.com/2014/11/10/1607827-la-concejal-ultra-k-florencia-saintout-nego-relacion-uno-los-asesinos-cabezas

Luego, puede seguirse aquí: 

http://www.lanacion.com.ar/1742678-indignacion-de-la-familia-de-jose-luis-cabezas-con-una-concejal-ultrakirchnerista

Y este es el final:

http://www.lanacion.com.ar/1742740-piden-disculpas-a-la-familia-cabezas-por-el-episodio-con-la-concejal-kirchnerista


En resumidas cuentas: en el Consejo Deliberante de La Plata, la consejala  Florencia Santout, que además es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, presentó un proyecto de inclusión laboral para liberados/as,  según describió en su página de facebook:  "en la sesión ordinaria del miércoles presentamos un proyecto para que se cree en La Plata el Programa de Inclusión Laboral para personas en libertad condicional, asistida o transitoria, y aquellas que habiendo cumplido su condena, no alcancen una libertad efectiva mayor a los cinco años. El proyecto contempla un cupo mínimo del 3 por ciento de los puestos de trabajo en instituciones públicas municipales, cooperativas que actualmente prestan servicios para el municipio o nuevas entidades creadas para los mismos fines, empresas y comercios contratistas del municipio”.
En la presentación del proyecto estuvo -entre otras personas y organizaciones-,  Horacio Braga, uno de los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas. 
Esa presencia, señalada por algunos medios, despertó una ola de indignación general, y particular de la hermana de José Luis Cabezas, Gladys, quien ha sido desde durante años funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Entonces, la consejala y decana Florencia Saintout llamó por teléfono a Gladys Cabezas, le pidió disculpas, dijo que de ningún modo tiene nada que ver con el asesino de José Luis, que Horacio Braga no es estudiante de la Facultad de Periodismo, ni lo será nunca, ni participará en actividad académica alguna, que pidieron que lo echen del Consejo Deliberante, sin suerte, y que además, lo repudia: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4766

Pocos días antes de este episodio, el diario Perfil había publicado una nota en la que se describían los intentos de sindicalización de personas privadas de libertad, con información falsa en cuanto a los salarios que perciben. Al final de la nota, se publicaba el prontuario de cada uno de los integrantes del sindicato: 

http://www.perfil.com/policia/Los-presos-tienen-sindicato-y-cobran-un-sueldo-mensual-de-hasta--4.400-20141109-0036.html

La pregunta es: ¿para quiénes se supone que son los programas de inclusión? Para que tipo de "liberados"? ¿Para los liberados o liberadas que solo han cometido delitos menores? Algunos de quienes puedan participar en esos programas, que son un derecho, no un beneficio, ni una gracia, han matado, robado, secuestrado o abusado. Esas son las personas que -en parte- están presas. Y el ejercicio de derechos -al trabajo, al estudio, a las actividades culturales- es para todos y todas. Ya lo dijimos cuando lo que se discutía era si era correcto que Eduardo Vázquez, condenado por matar a su mujer, tocara la batería en una actividad organizada por el Servicio Penitenciario Federal, en tiempos en que lo dirigía Víctor Hortel: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2012/08/sobre-salidas-transitorias-salidas.html

Y también alertamos sobre el "rol de las víctimas" y sus familiares, en cuanto al derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad. El anteproyecto de Código Procesal Penal lo establece en su artículo 325, sobre el que nadie habla: pueden intervenir ante cada pedido de liberación anticipada de un condenado. Alertamos sobre este punto: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2014/10/sobre-el-discurso-presidencial-y-sobre.html

Lo que sucedió ayer es un ejemplo del modo en que las víctimas, o sus familiares, son habilitadas a "participar": oponiéndose a un programa de inclusión laboral, recorriendo los medios anatemizando a quien lo presenta, obteniendo un pedido de disculpas y varias decisiones aledañas: que tal persona, autora de tal delito NUNCA podrá estudiar, ni participar en actividades académicas de una facultad de una universidad pública. 

Una discusión semejante se produjo ante la decisión de la Universidad de Buenos Aires de no brindar servicios educativos en el programa de educación en cárceles, a personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, y en una posición absolutamente minoritaria, dijimos que esa decisión implicaba establecer una limitación que una institución pública no debería realizar. Nos preguntamos: Genocidas, no, violadores de niños/as, sí? Dónde pone una institución pública el límite? El episodio de ayer lo corre un poco más: ni genocidas, ni homicidas de periodistas. Entonces, lo que se está haciendo no es una política pública universal, para todas aquellas personas que cumplan con el único requisito objetivo que deberían cumplir -haber estado presos-, sino una política excluyente: este no porque es más enemigo que el otro, porque cometió un delito más grave o más odioso, fue policía, mató a la mujer o cualquier otro hecho que nos repugne especialmente.

E, insistimos: en la cárcel, lo que vamos a encontrar, son personas que cometieron delitos. Algunos de esos delitos, muy graves. Esa es la gente con la que se decide trabajar, y a la que se debe intentar acompañar con programas de inclusión laboral. La cárcel romántica, con presos poetas o militantes populares, o jóvenes pobres que solo roban celulares sin hacer daño, o ladrones de antaño, con códigos,  es una parte, no el todo, y no la más habitual. Y las víctimas y sus familias, como hemos dicho también, tienen derecho a que el delito se esclarezca, no quede impune, a ser reparadas, y a que el Estado las acompañe todo lo que sea necesario para calmar su dolor. No deberían intervenir una vez que la persona está condenada, y mucho menos cuando intenta reinsertarse en algún ámbito laboral, educativo, o político. Un nuevo comunicado de la Facultad de Periodismo de La Plata intenta centrar el tema en el punto del que nunca debió haberse movido: en la política de inclusión que se propone: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4767

Las organizaciones sociales y de derechos humanos y los/as políticos/as, sobre todo quienes tienen una trayectoria consecuente en defender políticas de inclusión de derechos, no deberían ceder frente a las presiones: ni de los medios, ni de las corporaciones, ni tampoco ante el reclamo de determinadas víctimas o sus familiares.  Hace 10 años se cedió ante las demandas de Juan Carlos Blumberg, con los mismos argumentos con los que hoy se cede ante reclamos parecidos. Y, otra vez, lo que se hace es recortar derechos. Habrá que esperar otros diez años para darse cuenta del error?

Claudia Cesaroni
11 de noviembre de 2014











SOBRE EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y SOBRE EL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL

El martes 21 de octubre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló una media hora al pueblo argentino, para anunciar el envío del proyecto de nuevo Código Procesal Penal al Senado de la Nación.
Durante buena parte del martes y del miércoles, se discutió sobre el discurso de la presidenta. Luego, cuando el proyecto se hizo público, comenzamos a discutir sobre la letra. Intentaré resumir nuestra posición sobre ambas cuestiones.

- Los puntos críticos del discurso:

  1. La presidenta comenzó explicando que este Código solo se aplica a un "universo restringido", el de 60000 personas detenidas, 10000 de ellas en jurisdicción federal, y el resto, presos y presas bajo jurisdicción provincial, y por "otra parte, a las víctimas de esas personas que han cometido un delito". Efectivamente, este Código solo se aplicará para los casos en trámite en la justicia federal, y en la justicia nacional de la Capital Federal. Ahora bien, de esas (más de) 60000 personas privadas de libertad, lo que no dijo la presidenta, es que un 70 % aproximadamente, es jurídicamente inocente: todavía no ha sido condenada, y está presa por las dudas. O sea, con prisión preventiva. En la provincia de Buenos Aires, de un 25 a 30 % de ellas, cuando lleguen al juicio, escucharán que no hay ninguna prueba para condenarlas, y que por lo tanto están absueltas, luego de pasar meses o años viviendo en condiciones infrahumanas. De eso, nada dijo la presidenta. Esas personas son víctimas, pero no se les reconoce ese carácter. Son víctimas de las causas armadas, del pésimo accionar policial, de la justicia clasista, del sistema penitenciario. Sin embargo, se las ubica solo del lado de los/as victimarios/as, como autoras de delitos que, insistimos, una parte muy importante de ellas no cometieron.
  2. Durante todo el discurso se insistió en privilegiar el rol de las víctimas, no solo como querellantes en el proceso (rol que apareció prácticamente como despreciable, siendo que la justicia nacional y federal ha reconocido largamente el protagonismo de las querellas en el impulso de los procesos. Nuestros logros en el caso de la Masacre en el Pabellón Séptimo, para que declare delito de lesa humanidad, contra la opinión del juez federal de instrucción y el fiscal, es un caso más entre muchos otros que lo prueban). En este sentido, entendemos que hay un sesgo inaceptable acerca de lo que debe ser un proceso penal, donde, como lo ha dicho con meridiana claridad Massimo Pavarini, "la única víctima es el imputado" http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-177569-2011-09-26.html Esto no implica, por supuesto, que el Estado no tenga obligaciones con respecto a la víctima de un delito concreto. Esas obligaciones son investigar con prontitud y eficiencia lo sucedido, encontrar al o los responsables, reparar el daño causado y tomar las medidas necesarias para que hechos similares no se repitan. El modo en que se repara el daño, no necesariamente debe ser con castigo y cárcel para el o los autores del delito. Hay otros modos, menos dañosos, de reparar a las víctimas. Esos otros modos, menos lesivos para las personas, y en muchos casos, más efectivos para satisfacer las necesidades de la o las personas víctimas de un delito, ni siquiera fueron mencionados.
  3. La presidenta se refirió a "la famosa puerta giratoria" de la que se quejan, dijo "los que se ocupan de combatir el delito en la calle, dirigiendo las fuerzas de seguridad". O sea, la presidenta recogió las quejas de Sergio Berni, que parecía llamado a silencio en las últimas semanas. Lamentablemente, su discurso xenófobo y populista fue re jerarquizado, en vez de cuestionado, al retomarlo la presidenta. Esta parte del discurso fue la más grave, desde nuestro punto de vista, precisamente porque se recogieron y avalaron  discursos punitivos de derecha. Desde la puerta giratoria, hasta la noción de "combate" al delito; pasando por el caso del "motochorro" (sin nombrarlo así, pero describiendo el caso) como ejemplo de caso de "conmoción social" que justificaría la imposición de una prisión preventiva. Desde la existencia de un supuesto "clamor social" para considerar la reincidencia como otro motivo para imponer la prisión preventiva, a la noticia de que los delitos graves la supondrán per se, y que sus autores deben ser condenados antes de los 10 meses, como si el objetivo del proceso penal fuera ese: condenar personas, y no averiguar la verdad de los hechos.
  4. El otro punto muy preocupante ha sido el modo en que se presentó la disposición de expulsar extranjeros "irregulares" y "sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito". Aquí también se recogieron las reiteradas monsergas de la derecha vernácula y de las clases dirigentes todos los países del mundo que, en los tiempos en que gozan de cierta bonanza económica, reiteran que la culpa de todos los males la traen los inmigrantes. Basta leer la versión taquígráfica de la Ley de Residencia, en nuestro país (1904); o las afirmaciones de Berlusconi en Italia, Le Pen en Francia, la derecha en España: anarquistas, musulmanes, negros o sudacas, peruanos y colombianos alternativamente, han sido y son ubicados en ese lugar de ilegales delincuentes que "vienen a delinquir", y siempre esas cifran "aumentan" de un modo que, si fueran real, llevaría los porcentajes a niveles astronómicos.
  5. La presidenta se refirió a la necesidad de que el ciudadano tenga instrumentos legales que lo protejan. Insistimos en algo que hemos dicho en ocasiones anteriores. El concepto de ciudadanía no debería dejar a nadie afuera. Ni siquiera, por supuesto, a quienes cometen delitos. Mucho menos, por ejemplo, a sus familias. Sin embargo, a lo largo del discurso, no se mencionó un problema gravísimo, en nuestro país y en el mundo, como es la aplicación de torturas por parte de las fuerzas de seguridad, las condiciones de detención que afectan a miles de personas, el armado de causas, la actuación corrupta de las policías. Y, quizá lo más grave de esas omisiones, fue que se produjeron a cuatro días de la aparición como cadáver de Luciano Arruga, desaparecido a sus 16 años, es decir, mientras era un niño conforme la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por estas razones, por lo que dijo y por lo que no dijo, cuestionamos estos aspectos del discurso presidencial de presentación del proyecto de Código Procesal Penal, que a continuación analizaremos en tres puntos críticos.


  • Los puntos críticos del proyecto:


Encontramos tres punto particularmente críticos, dos de los cuales fueron mencionados expresamente por la presidenta, y otro que sobrevoló todo el tiempo en sus expresiones con relación al "rol de la víctima":

  1. ¿Expulsión de extranjeros "irregulares" como regla de conducta?

El artículo 35 establece en qué casos procederá la suspensión del juicio a prueba:
  • Cuando se trate de delitos con una pena de prisión NO mayor a 3 años.
  • Cuando el imputado no tuviera condenas previas, o hubieran pasado más de 5 años desde que cumplió la última.
  • Cuando, por las circunstancias del caso, pudiera dejarse en suspensión la condena (no se indica cuáles serían esas "circunstancias del caso", es una definición imprecisa y circular)
  • Cuando se pueda aplicar una pena no privativa de la libertad.

La suspensión del juicio es "a prueba", porque la persona a la que se le suspende el juicio, debe cumplir una serie de reglas de conducta que le impone el juez. Esto se establece en los artículos 76 bis, ter y quáter del Código Penal. La propuesta del Ejecutivo agrega un caso: el de los extranjeros, en tanto se cumplan los siguientes requisitos:

  • que estén "irregulares". No se aclara qué tipo de irregularidad. Como se sabe, la mayoría de las personas que emigran por razones de trabajo, de reunificación familiar, de estudios, deben cumplir una serie de requisitos que no siempre son fáciles de completar, trabajan como pueden y en lo que pueden, ahorran la mayor parte de sus ingresos para enviárselos a sus familiares, etc. Basta recordar la situación de miles de argentinos/as exiliados/as durante la dictadura, o por las sucesivas crisis económicas en nuestro país, llamados despectivamente sudacas en Europa, muchos de ellos viviendo durante años sin residencia, trabajando sin contrato de trabajo, viviendo en condiciones de marginalidad. Es decir: con diversas situaciones de "irregularidad".
  • Que el extranjero en situación irregular "haya sido sorprendido en flagrancia de un delito". Este es un enorme poder que se entrega a la policía y otras fuerzas de seguridad, expertas en armar causas a determinadas personas integrantes de determinados colectivos que, precisamente por su situación de vulnerabilidad, son víctimas propiciatorias de esa prácticas: personas que viven en la calle, personas que realizan oferta sexual, inmigrantes, etc.
  • Que el delito que se le imputa tengo un mínimo (no un máximo, como los casos generales) no mayor a tres años.

Si se dan todos estos requisitos, y si no hay motivos de reunificación familiar (entendemos que se quiere decir, si no se rompe de este modo el núcleo familiar), se procede a la expulsión del extranjero, con la prohibición de retornar por un lapso que irá desde los 5 a los 15 años. Nada tiene que ver esto con una regla de conducta, que están enumeradas en el artículo 27 bis del Código Penal:


ARTICULO 27 bis.- Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos:
1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.
6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
8. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Más bien, parece una concesión a las demandas de populismo punitivo que ponen en algún distinto -inmigrante, subversivo, anarquista, "menor"- la responsabilidad mayor sobre la producción de delitos; además de una peligrosa vía libre a la(s) policía(s)

2- La prisión preventiva y sus excusas

Como ya dijimos, y repiten organizaciones de derechos humanos tan prestigiosas como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, en la Argentina mucho más de la mitad de las personas presas están en esa situación siendo inocentes. La "famosa puerta giratoria" no es tal, según parece. Sin embargo, se usa la frase para referirse, por ejemplo, a una persona que intenta un delito pero no lo logra concretar. O sea, una tentativa de robo. Se pretende, y se dice, que esa persona espere presa el juicio, cuando es evidente que la pena será excarcelable. O sea, se pretente que cumpla una pena que no está prevista para la conducta que realizó. Eso, obviamente, es ilegal.

El artículo 185 del proyecto de Código Procesal Penal introduce por vía indirecta varias situaciones que deberán ser tenidas en cuenta para resolver sobre uno de los dos únicos motivos por los que puede dictarse una prisión preventiva. Estos motivos, como se sabe, son:
  • peligro de fuga
  • peligro de entorpecimiento de la investigación

Estos dos motivos deben demostrarse, tanto que la persona imputada podrá fugarse, como que podrá destruir pruebas, amenazar testigos, etc.

Lo que se introduce por la ventana son las siguientes situaciones: la "gravedad de las circunstancias", la "naturaleza", la "conmoción social del hecho". Luego, en el artículo 188 en el que se especifican los elementos a analizar para resolver sobre el peligro de fuga, a las condiciones generales del imputado, se agrega la "posiblidad de declaración de reincidencia".

Ni la gravedad del hecho, ni su naturaleza, ni la conmoción social tienen algo que ver con que una persona se fugue o no. El caso de Omar Chabán es solo uno de los ejemplos, pero pueden encontrarse muchos más. La conmoción no surge espontáneamente: en la inmensa mayoría de los casos, tiene que ver con el uso y abuso de de las imágenes, de las demandas de los familiares -de determinado tipo de familiares, no de todos- , la posibilidad de vender de mejor modo las noticias.

3- El rol de las (ciertas) víctimas

Como ya dijimos, la visión sobre quién es víctima y quién no alcanza esa categoría está presente en la consideración, por ejemplo, de la situación de las personas privadas de libertad y sus familias. Una persona privada de libertad, en el mejor de los casos, está cumpliendo una condena. Y sabe, desde el día en que se entera de cuántos años durará esa condena, que a la mitad podrá pedir salidas transitorias, y a los dos tercios, libertad condicional, si cumple una serie de requisitos. Para lograr, por ejemplo, las calificaciones de conducta y de concepto necesarias, deberá soportar una serie de arbitrariedades por parte del Servicio Penitenciario Federal, denunciadas una y otra vez, por ejemplo, por la Procuración Penitenciaria, entre otras instituciones y organismos. Mientras, su familia lo espera, acompañándolo por todo el país por donde están diseminadas las cárceles federales, desde Resistencia hasta Río Gallegos.

El art. 325 del proyecto establece lo siguiente: 

Art. 325: Derechos de la víctima: la víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación de todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado, o la extinción de la pena o la medida de seguridad, siempre que lo hubiera solicitado expresamente ante el Ministerio Público Fiscal. A tal fin, deberá fijar un domicilio e indicar el modo en que recibirá las comunicaciones.
En este supuesto, el Ministerio Público Fiscal deberá escuchar a la víctima, y en su caso, solicitar que sea oída ante el juez interviniente.

Supongamos un caso: una persona comete un delito grave, por ejemplo, un homicidio a sus 18, 20 años. Lo condenan a 15 años de cárcel. A la mitad de la condena, 7 años y medio, pide salidas transitorias. El proyecto de nuevo Código Procesal Penal dice que la víctima, o un familiar directo en este caso, tiene derecho a ser notificada del pedido de salidas transitorias. Que es un derecho, para el cual hay que hacer muchos esfuerzos dentro de la cárcel. Entonces, claro, el padre, la madre, los amigos de la víctima de esta persona, aparecerán en todos los medios, en la tele, en las radios, en la puerta del juzgado, pidiendo que no le den salidas transitorias. Y si se las dan igual, irán contra el juez o la jueza. Y así de seguido con la libertad asistida y con la libertad condicional. Entonces, esa persona muy probablemente cumplirá la condena de punta a punta, sin posibilidad alguna de acceder al derecho de reducirla a partir del cumplimiento de fases de la progresividad del régimen penitenciario, que son legales y constitucionales.
Esto no solo no tiene nada que ver con que haya más "seguridad", sino que generará innumerables situaciones de estigmatización, tanto al condenado como a su familia. No reparará el dolor de las víctimas de su delito, solo agregará más años de sufrimiento, un sucedáneo de la pura venganza.

Claudia Cesaroni, 27-10-14