LA MASACRE EN EL PABELLON SEPTIMO FUE DECLARADA CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

En el día de hoy, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió declarar que la "Masacre en el Pabellón Séptimo" configura un crimen de Lesa Humanidad y que la investigación deberá estar a cargo del Dr. Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal Nº 3.

Esta decisión de los jueces Ballestero y Freiler, que revoca la resolución de la anterior instancia en la que se declaraban imprescriptibles estos crímenes y enviaban a investigar a la justicia ordinaria, coincide con lo planteado por éste equipo jurídico el pasado 20 de mayo en la audiencia por la apelación, en la que también nos acompañó la Liga por los Derechos del Hombre.

La Sala I también resolvió tener por parte querellante a las abogadas Claudia Cesaroni (CEPOC) y Natalia D´Alessandro en representación de las víctimas y familiares de la Masacre.

Este proyecto, que comenzó con la investigación encabezada por Claudia Cesaroni, quien también está a cargo del equipo jurídico que integran los/as abogados/as Natalia D´Alessandro, Denise Feldman (CEPOC), Pablo Matkovic, José Legarreta y Ariel Larroude viene desde hace dos años luchando para que el Estado reconozca los derechos de las víctimas y sus familiares a una investigación justa.

Desde el CEPOC celebramos esta decisión y esperamos sea, no solo un gran paso hacía la verdad de lo sucedido en el Pabellón Séptimo, sino también una forma de visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tanto en dictadura como en democracia.

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Denise Feldman
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AMICUS CURIAE POR DENEGACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD CONDICIONAL



El pasado martes 29 de julio, el Cepoc, junto con ACiFaD, solicitamos ser tenidos como “amicus curiae”, a fin de adherir al planteo de nulidad interpuesto por la defensora de Daniel Luna, contra la resolución del juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°1, que le denegaba por tercera vez la libertad condicional, a pesar de cumplir con todos los requisitos para ello.
En el escrito, ofrecimos nuestra opinión sobre lo que consideramos una resolución arbitraria por parte del magistrado, pues, para denegarle la concesión de la libertad condicional, no solo desoyó la manda de la Sala II de la Casación Penal, que por mayoría consideró que correspondía otorgarla, sino también porque, para fundar su decisión, recurrió a argumentos peligrosistas y prejuicios que no guardan relación con el caso concreto de Luna y que no deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver sobre el avance en las distintas etapas de progresividad de la pena.
También destacamos que el juez utilizó la decisión de la Casación y los dictámenes del Fiscal caprichosamente y a su conveniencia, desvirtuando su sentido. En efecto, recurrió al voto minoritario de la Casación, tergiversando el sentido del fallo y convirtiendo lo que era favorable en desfavorable para Luna. Lo mismo hizo con el dictamen de la Fiscalía, pues a pesar de que ésta no se oponía a la incorporación del nombrado al régimen de libertad condicional,  el juez recortó a su antojo y arbitrariamente la opinión de aquélla, cambiando su significado. Finalmente, destacamos que esta resolución trasciende el caso de Luna y brinda un mensaje negativo a quienes están sometidos al régimen de la pena, pues lleva a pensar que no importa si cumplen o no con los requisitos que se les exigen para avanzar en las distintas etapas, ni el empeño que puedan demostrar en cuanto al progreso en su reinserción social, porque el resultado va a ser el mismo, ninguna concesión se les hará, aun cuando sea legalmente viable y deba recurrirse a falsas aseveraciones para fundar el rechazo.
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Buenos Aires, 31 de julio de 2014
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