EL CEPOC RECHAZA LA APERTURA DE LA CÁRCEL PARA JÓVENES EN CACHEUTA, MENDOZA

El CEPOC expresa su rechazo a la apertura de la cárcel en el distrito de Cacheuta, Luján de Cuyo, Mendoza, para jóvenes de 16 a 18 años actualmente detenidos en dependencias de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia mencionada. Su instalación representa una clara violación de los derechos reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes respecto de la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, de lo que la provincia no es ajena, ya que posee antecedentes de condenas internacionales por incumplimiento de estándares internacionales respecto al tratamiento a personas privadas de libertad.

En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño establece claramente que la pena de prisión a personas menores de 18 años debe aplicarse como último recurso y por el plazo “más breve que proceda” (art. 37.b), poniendo de relieve que los niños y adolescentes son personas en desarrollo y, como tales, es obligación del Estado de adoptar las medidas para protegerlos, más aún, de aquéllos que se encuentran en conflicto con la ley. Sin embargo, este tipo de sanción se convierte día a día en la opción más utilizada, convirtiendo así la privación de libertad en la regla, en vez de que sea la excepción y como lo demuestra la inauguración de este centro de detención juvenil. 

La instalación de la cárcel en un lugar alejado de cualquier centro urbano atenta contra la idea de reinserción social de cualquier persona privada de libertad, en especial, si se trata de adolescentes. Por otra parte, como se trata de la única cárcel destinada a alojar jóvenes -caracterizados como “difíciles”-, éstos procederán de distintas partes de la provincia, es decir, estarán alejados de sus lugares de origen, lo que inevitablemente complicará las visitas de sus familiares, privándolos de contención y del derecho fundamental de mantener el contacto familiar. Sobre este aspecto, la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes (26061), señala que debe respetarse –entre otros-, el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural (art. 3). Sin embargo, la mera circunstancia de la ubicación de la cárcel en Cacheuta demuestra que aquél aspecto no es contemplado por las autoridades mendocinas. Además, la distancia del establecimiento de cualquier centro urbano significa no solo entorpecer el contacto con la familia, sino también con sus defensores, lo que trasunta en un desmedro a su defensa, pues cualquier contacto que los jóvenes quieran mantener con ellos, se verá obstaculizado. No es la primera vez que se advierte sobre las gravosas condiciones de tratamiento de jóvenes privados de libertad, entre las que se destacan, además de la señala inadecuada defensa, la carencia de mecanismos para presentar denuncias, el trato similar al que reciben los adultos, etc.


En definitiva, la instalación del establecimiento carcelario en Cacheuta incide negativamente no solo en las posibilidades de reinserción del joven, sino también en el desarrollo de su personalidad, agrava las condiciones de detención y permite sostener que el verdadero objetivo de su inauguración es el castigo, contradiciendo el mandato constitucional que dicta que la prisión deberá servir para preparación para la vida en libertad.

INCLUSIÓN LABORAL PARA LIBERADOS, SALVO ALGUNOS

El lunes 10 de noviembre, una noticia-escándalo -el formato diario en que se produce un hecho, se lo presenta en el marco de declamaciones indignadas, y si es posible, se machaca contra el gobierno- recorrió medios online, radios y canales de televisión. El modo en que se presentó puede resumirse en estos textos: 

http://www.clarin.com/politica/Vinculos-concejal-asesinos-Cabezas_0_1244875706.html

http://www.infobae.com/2014/11/10/1607827-la-concejal-ultra-k-florencia-saintout-nego-relacion-uno-los-asesinos-cabezas

Luego, puede seguirse aquí: 

http://www.lanacion.com.ar/1742678-indignacion-de-la-familia-de-jose-luis-cabezas-con-una-concejal-ultrakirchnerista

Y este es el final:

http://www.lanacion.com.ar/1742740-piden-disculpas-a-la-familia-cabezas-por-el-episodio-con-la-concejal-kirchnerista


En resumidas cuentas: en el Consejo Deliberante de La Plata, la consejala  Florencia Santout, que además es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, presentó un proyecto de inclusión laboral para liberados/as,  según describió en su página de facebook:  "en la sesión ordinaria del miércoles presentamos un proyecto para que se cree en La Plata el Programa de Inclusión Laboral para personas en libertad condicional, asistida o transitoria, y aquellas que habiendo cumplido su condena, no alcancen una libertad efectiva mayor a los cinco años. El proyecto contempla un cupo mínimo del 3 por ciento de los puestos de trabajo en instituciones públicas municipales, cooperativas que actualmente prestan servicios para el municipio o nuevas entidades creadas para los mismos fines, empresas y comercios contratistas del municipio”.
En la presentación del proyecto estuvo -entre otras personas y organizaciones-,  Horacio Braga, uno de los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas. 
Esa presencia, señalada por algunos medios, despertó una ola de indignación general, y particular de la hermana de José Luis Cabezas, Gladys, quien ha sido desde durante años funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Entonces, la consejala y decana Florencia Saintout llamó por teléfono a Gladys Cabezas, le pidió disculpas, dijo que de ningún modo tiene nada que ver con el asesino de José Luis, que Horacio Braga no es estudiante de la Facultad de Periodismo, ni lo será nunca, ni participará en actividad académica alguna, que pidieron que lo echen del Consejo Deliberante, sin suerte, y que además, lo repudia: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4766

Pocos días antes de este episodio, el diario Perfil había publicado una nota en la que se describían los intentos de sindicalización de personas privadas de libertad, con información falsa en cuanto a los salarios que perciben. Al final de la nota, se publicaba el prontuario de cada uno de los integrantes del sindicato: 

http://www.perfil.com/policia/Los-presos-tienen-sindicato-y-cobran-un-sueldo-mensual-de-hasta--4.400-20141109-0036.html

La pregunta es: ¿para quiénes se supone que son los programas de inclusión? Para que tipo de "liberados"? ¿Para los liberados o liberadas que solo han cometido delitos menores? Algunos de quienes puedan participar en esos programas, que son un derecho, no un beneficio, ni una gracia, han matado, robado, secuestrado o abusado. Esas son las personas que -en parte- están presas. Y el ejercicio de derechos -al trabajo, al estudio, a las actividades culturales- es para todos y todas. Ya lo dijimos cuando lo que se discutía era si era correcto que Eduardo Vázquez, condenado por matar a su mujer, tocara la batería en una actividad organizada por el Servicio Penitenciario Federal, en tiempos en que lo dirigía Víctor Hortel: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2012/08/sobre-salidas-transitorias-salidas.html

Y también alertamos sobre el "rol de las víctimas" y sus familiares, en cuanto al derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad. El anteproyecto de Código Procesal Penal lo establece en su artículo 325, sobre el que nadie habla: pueden intervenir ante cada pedido de liberación anticipada de un condenado. Alertamos sobre este punto: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2014/10/sobre-el-discurso-presidencial-y-sobre.html

Lo que sucedió ayer es un ejemplo del modo en que las víctimas, o sus familiares, son habilitadas a "participar": oponiéndose a un programa de inclusión laboral, recorriendo los medios anatemizando a quien lo presenta, obteniendo un pedido de disculpas y varias decisiones aledañas: que tal persona, autora de tal delito NUNCA podrá estudiar, ni participar en actividades académicas de una facultad de una universidad pública. 

Una discusión semejante se produjo ante la decisión de la Universidad de Buenos Aires de no brindar servicios educativos en el programa de educación en cárceles, a personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, y en una posición absolutamente minoritaria, dijimos que esa decisión implicaba establecer una limitación que una institución pública no debería realizar. Nos preguntamos: Genocidas, no, violadores de niños/as, sí? Dónde pone una institución pública el límite? El episodio de ayer lo corre un poco más: ni genocidas, ni homicidas de periodistas. Entonces, lo que se está haciendo no es una política pública universal, para todas aquellas personas que cumplan con el único requisito objetivo que deberían cumplir -haber estado presos-, sino una política excluyente: este no porque es más enemigo que el otro, porque cometió un delito más grave o más odioso, fue policía, mató a la mujer o cualquier otro hecho que nos repugne especialmente.

E, insistimos: en la cárcel, lo que vamos a encontrar, son personas que cometieron delitos. Algunos de esos delitos, muy graves. Esa es la gente con la que se decide trabajar, y a la que se debe intentar acompañar con programas de inclusión laboral. La cárcel romántica, con presos poetas o militantes populares, o jóvenes pobres que solo roban celulares sin hacer daño, o ladrones de antaño, con códigos,  es una parte, no el todo, y no la más habitual. Y las víctimas y sus familias, como hemos dicho también, tienen derecho a que el delito se esclarezca, no quede impune, a ser reparadas, y a que el Estado las acompañe todo lo que sea necesario para calmar su dolor. No deberían intervenir una vez que la persona está condenada, y mucho menos cuando intenta reinsertarse en algún ámbito laboral, educativo, o político. Un nuevo comunicado de la Facultad de Periodismo de La Plata intenta centrar el tema en el punto del que nunca debió haberse movido: en la política de inclusión que se propone: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4767

Las organizaciones sociales y de derechos humanos y los/as políticos/as, sobre todo quienes tienen una trayectoria consecuente en defender políticas de inclusión de derechos, no deberían ceder frente a las presiones: ni de los medios, ni de las corporaciones, ni tampoco ante el reclamo de determinadas víctimas o sus familiares.  Hace 10 años se cedió ante las demandas de Juan Carlos Blumberg, con los mismos argumentos con los que hoy se cede ante reclamos parecidos. Y, otra vez, lo que se hace es recortar derechos. Habrá que esperar otros diez años para darse cuenta del error?

Claudia Cesaroni
11 de noviembre de 2014